Leyes contra el maltrato al cliente

El suplicio que supone llamar a un teléfono de atención al cliente (esperas, hablar con robots, cortes…) puede acabar en 2025, si se aprueba la nueva Ley de Atención al Cliente, que se debate por 2ª vez en el Congreso, tras no poder aprobarse en 2023 por el adelanto electoral. La medida estrella es que limita la espera para ser atendido a 3 minutos y será obligatorio que nos atienda una persona física, si lo pedimos, además de fijar plazos para resolver incidencias (15 días). En paralelo, el Gobierno aprobó en marzo otra Ley que permite a las asociaciones de consumidores ejercer demandas colectivas, como la “Dieselgate” contra Volkswagen o las cláusula suelo de algunas hipotecas contra los bancos, agilizando complejas reclamaciones que duran años. Dos Leyes que garantizan mejor los derechos de los consumidores y que obligarán a muchas empresas a reforzar sus servicios de reclamaciones y atención al cliente. Un mayor coste para las empresas que nos acabarán cargando a los consumidores. Seguro.

Todo el mundo ha sufrido al tener que llamar al servicio de atención al cliente por una incidencia en Internet, luz o gas, bancos o servicios: esperas interminables con músicas y mensaje, contestadores automáticos y robots que nos obligan a diálogos absurdos, elección de dígitos que marcar para ser atendido, nuevas  esperas e incluso cortes de llamada cuando el tiempo de espera es elevado o incluso cuando nos está atendiendo un operador, que no retoma la llamada…Un incordio desesperante, que muchas veces nos retrae a la hora de reclamar o simplemente informarnos. La Ley del Consumidor en España es de julio de 1984 y en noviembre de 2007 se incorporaron cambios en un nuevo texto refundido de la Ley, pero no se recogían los cambios que se han dado después en servicios masivos (telecos) o con el auge del comercio electrónico. Por eso, la Comisión Europea aprobó en noviembre de 2020 una Nueva Agenda del Consumidor, para actualizar y mejorar sus derechos.

España se comprometió con la UE a cumplir con esta nueva norma europea que regula el consumo, dentro de las reformas prometidas en el Plan de Recuperación para poder acceder a los Fondos europeos. Y así, el 16 de abril de noviembre de 2021, el Gobierno Sánchez aprobó la Ley de Servicios a la Clientela, que llegó a aprobarse en el Congreso el 27 de abril de 2023, con un amplio consenso (289 votos a favor, incluido el PP, 54 abstenciones de VOX y PDeCAT y 1 voto en contra). Pero cuando la Ley se debatía en el Senado, decayó sin aprobarse (iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2024) por la convocatoria adelantada de elecciones y el final de la Legislatura. Ahora, el nuevo Gobierno volvió a aprobar la Ley de Servicios a la Clientela, el 27 de febrero de 2024, y ya se debate en el Congreso, por el procedimiento de urgencia, para que entre en vigor en 2025.

La Ley de Servicios a la Clientela afecta a todas las empresas privadas que prestan servicios de suministro y distribución de agua y energía, transporte de pasajeros en avión, ferrocarril, mar o vías navegables, autobús o autocar, servicios postales, comunicaciones electrónicas y telefónicas, así como servicios financieros. También a grandes empresas privadas de más de 250 trabajadores, independientemente del sector, aunque la nueva Ley no afecta a la Administración Pública y sus servicios.

La principal novedad de la Ley es que limita los tiempos de espera para el usuario, a un máximo de 3 minutos en el 95% de las llamadas que recibe la empresa, independientemente del objeto de la llamada, de que sea para información, para reclamar o para solicitar algún servicio postventa. Otro cambio importante es que la empresa no podrá cortar la llamada en espera, como hacen ahora cuando hay un tiempo de espera elevado. Además, prohíbe el uso exclusivo de la atención robótica y los contestadores automáticos, obligando a las empresas a ofrecer la atención de personal físico, empleados suficientemente formados que deberán atender a los usuarios que lo soliciten (en castellano y otras lenguas cooficiales en cada autonomía). Y otro tema importante: se deberá asegurar la atención telefónica y digital a los clientes vulnerables (mayores, analfabetos digitales o discapacitados, por ejemplo sordos o ciegos).

 Se regula también el horario de atención, que deberá ser de 24 horas en el caso de empresas que suministran servicios básicos (agua, gas, electricidad o Internet) y el horario habitual en el resto. Y las empresas deberán admitir para la presentación de consultas o reclamaciones el mismo canal por el que captaron al cliente.

Las oficinas físicas de estas compañías también están obligadas a recibir quejas o reclamaciones, que se podrán enviar también por vía postal, telefónica o correo electrónico. Y en todos los casos, la empresa está obligada a entregar al usuario una clave identificativa de su petición o reclamación, para facilitar su seguimiento. Otra novedad clave de la Ley es que se acortan los plazos máximos para solucionar incidencias, a 15 días (ahora son 30 días). Y con ello, se prohíbe a las empresas seguir reclamando supuestas deudas o proceder a cortar servicios mientras los usuarios tramitan sus reclamaciones. Además, otra novedad es que las empresas estarán obligadas a informar a los usuarios de las incidencias que afecten gravemente de la prestación de un servicio (un corte de luz, agua o Internet, por ejemplo),  sin que el usuario lo requiera expresamente.

La nueva Ley de Servicios a la Clientela obliga a las empresas afectadas a realizar auditorías anuales ( externas e independientes) de sus servicios de atención al cliente, auditorias que deberán conocer las distintas Administraciones, que podrán actuar en consecuencia si son negativas. Las sanciones por incumplimiento de la nueva normativa serán de 150 a 10.000 euros en casos leves, pero podrán llegar a 100.000 euros para infracciones graves.

Las asociaciones de consumidores valoran la nueva Ley de Servicios a la Clientela como “una mejora de la situación actual”, aunque señalan algunas carencias. Para la OCU, el régimen de sanciones es todavía “laxo” y les preocupa que algunos sectores que tienen regulación sectorial propia (como banca o seguros) puedan “librarse”, a lo que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy ha precisado que la Ley “se aplicará de forma horizontal a todos los sectores”. Para FACUA , la nueva Ley se queda “corta”, porque no incluye una indemnización económica al usuario si la empresa no resuelve su reclamación en el plazo requerido. Piden que se fije una reclamación de 50 euros, similar a lo que ya sucede en las reclamaciones eléctricas  (tienes derecho a 30 euros si no te responden en 5 días, aunque la reclamación siga su curso). Y también piden que se recorte el nuevo plazo de 15 días para las reclamaciones a 10 días (similar al que establece ya la Junta de Andalucía). El ministro de Consumo dice que no incluyeron la indemnización para lograr la aprobación de la Ley, que hace un año contó con el apoyo del PP y la mayoría de los nacionalistas, algo que hoy no está asegurado.

La nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela,  si finalmente se aprueba y entra en vigor el 1 de enero de 2025, será un gran avance en los derechos de los consumidores y facilitará que los usuarios se informen, quejen y reclamen vía telefónica, personalmente o por Internet. En paralelo, el Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo otra Ley, la de Eficiencia de la Justicia, que va a agilizar las reclamaciones colectivas de los consumidores. Se trata, otra vez, de cumplir con una exigencia europea, trasponer la Directiva europea 2020/1928, de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para los intereses colectivos de los consumidores. España debía aplicarla antes del 25 de diciembre de 2022 y sólo cinco días antes, el 20 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó una Ley para la protección colectiva de los consumidores. La Ley se debatió en el Congreso en 2023 y, como le pasó a la Ley de Servicios a la Clientela, decayó antes de aprobarse, al anticiparse las elecciones. Y ahora, ha vuelto a aprobarse por el Gobierno, enviándola al Congreso para tramitarla por el procedimiento de urgencia.

Esta Ley pretende facilitar que las organizaciones de consumidores presenten demandas colectivas en los Juzgados, por temas que afectan a miles de usuarios, evitando que cada uno tenga que presentar una demanda (compleja y costosa). En los últimos años, se han multiplicado las demandas colectivas, aumentando un +120% en toda Europa. En España, hay múltiples ejemplos recientes: Forum Filatélico y Afinsa, Bankia, las preferentes, el caso “Dieselgate” contra Volkswagen, la demanda contra varias marcas por “el cartel” de coches y, sobre todo, la demanda por las cláusulas suelo en muchas hipotecas (el tipo mínimo no puede bajar de un mínimo, aunque bajen más los tipos), una macro demanda liderada por Adicae en la que participan 830 consumidores contra 40 bancos españoles y que está pendiente de la sentencia del tribunal europeo de Justicia (TJUE).

Hasta ahora, la presentación de estas demandas colectivas era difícil y colapsaban los juzgados, encareciendo y dilatando la resolución de los litigios. Ahora, la nueva Ley (exigida por Europa y que va con retraso) pretende eliminar las barreras para presentar estas acciones colectivas, regulando la intervención de las asociaciones de consumidores y creando un procedimiento único para abordar estas demandas colectivas, incorporando plataformas electrónicas que permitirán una tramitación más ágil y coordinada (hasta ahora, los Juzgados de cada ciudad, provincia o región podrían acumular miles de causas sin saber que litigios similares se habían presentado en otros lugares). Ahora, el procedimiento judicial será único y más sencillo, aumentando las garantías para los consumidores, que podrán reclamar conjuntamente a través de las organizaciones de consumidores.

Las organizaciones de consumidores apoyan esta nueva Ley para la protección colectiva de los usuarios, pero “temen la injerencia de terceros”, porque abre la vía a nuevas entidades que se dediquen a litigar demandas colectivas como negocio (a cambio de una comisión por lo conseguido), sobre todo Fondos de inversión. El Gobierno reitera que con ello sólo cumple la normativa europea y que los consumidores dispondrán de un listado de organizaciones (en el Ministerio de Consumo) a las que podrán dirigirse para sumarse a una demanda colectiva. Y que las organizaciones de consumidores tendrán que competir por el servicio, con una mayor competencia que ahora, lo que acabará beneficiando a los consumidores. Lo seguro es que se facilitan las demandas colectivas y se reducirá “el atasco” en los Juzgados.

Con ambas Leyes, ahora a debate en el Congreso, los consumidores saldremos ganando, porque podremos defender mejor nuestros derechos y reclamaciones. Eso sí, esta mayor exigencia a las empresas les obligará a mejorar y reforzar sus servicios de Atención al Cliente y Reclamaciones, así como su Departamento Jurídico. Y eso les supondrá más costes, tanto a las compañías de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones como al resto de empresas que prestar servicios a los consumidores. Y estos mayores costes, los acabarán cargando en nuestras facturas, antes o después, de una forma indirecta y no transparente, encareciendo los servicios que prestan (como hacen cuando los Gobiernos les cambian Leyes o normas). Estaremos más protegidos, pero pagaremos más por los servicios que recibimos. Seguro.

El creciente negocio de los gimnasios

Cada mes se abre en muchas ciudades un nuevo gimnasio, donde ya acuden a hacer deporte 5,5 millones de españoles, un tercio de ellos jóvenes que apuestan por cuidar su cuerpo y divertirse en grupo. Son ya 4.250 gimnasios, un negocio que mueve más de 2.300 millones al año y que atrae cada vez más a Fondos de inversión extranjeros, que se han lanzado a comprar y abrir nuevos centros, tras el “bache” de la pandemia. La fuerte demanda ha hecho subir los precios, ya entre 40 y 50 euros al mes, mientras el sector pide que se les baje el IVA, que Rajoy les subió del 8 al 21% en 2012. Ahora se espera el desembarco de nuevas franquicias (de USA), la especialización y la pelea por conseguir que las empresas ofrezcan un bono para estos gimnasios a sus empleados. Parece claro que, tras la pandemia, cuidar el cuerpo y acudir a un gimnasio se ha convertido en una necesidad más para muchos españoles (o en una moda).

España es un país bastante sedentario, donde el 52% de las personas no hace ningún deporte, según la reciente Encuesta del CIS. Pero lo positivo es que ese 48% que sí lo hace ha crecido un 8% desde 2010, aunque todavía estamos por debajo de la media UE (hacen deporte el 55% de los europeos), de Alemania (lo hacen el 68%) y Francia (55%), siendo sólo más sedentarios Grecia (sólo 32% hacen deporte), Polonia (35%), Bulgaria (39%) y Hungría (41%), según el último Eurobarómetro sobre deporte (2022). Lo más llamativo en el caso de España es que de ese 48% que hacen deporte, la mayoría eligen caminar (el 18,1%) y hacer gimnasia en un centro deportivo (15,6%), por delante del ciclismo (15,1%), correr (13,8%), la natación (13,4%) o el montañismo (12,1%), según el CIS. Y cuando se les pregunta a los deportistas dónde hacen deporte, la primera opción es hacerlo en un gimnasio o centro deportivo (39,7%), por delante de hacer deporte en el campo (31,9%), en instalaciones municipales (27,3%), en la calle (25,8%) o en la propia casa (donde hacen deporte el 10,5% de encuestados).

Así que esa mitad de españoles que hacen deporte optan mayoritariamente por ir a un gimnasio, sobre todo tras la pandemia, cuando se vaciaron con la COVID. Esta vuelta a los gimnasios se ha producido en toda Europa, donde acudieron 63,1 millones de abonados en 2022 (7 millones más que en 2021), aunque todavía son un 3% menos que en 2019, según el último informe “European Health and Fitness Market Report 2023, de Deloitte y Europe Active. En todo el continente hay 63.830 gimnasios (+0,3% que antes de la pandemia), que facturaron 28.000 millones de euros en 2022, recuperando así el negocio de 2019 (28.200 millones). Por paises, España es el tercer país europeo con más negocio de gimnasios:  facturaron 2.100 millones de euros en 2022, sólo por detrás de Reino Unido (5.000 millones), que ha superado al país hasta ahora líder, Alemania (4.900 millones facturados).

Esta recuperación del negocio de los gimnasios ha continuado en 2023, donde ya tenemos datos de España, según anticipa la consultora Deloitte: el sector facturó 2.331 millones (+11%), rozando la facturación de antes de la pandemia (2.353 millones en 2019) y el número de abonados creció un +20%, hasta los 5.540.000 usuarios, una cifra similar a la de 2019. Y además, los 4.250 gimnasios abiertos a finales de 2023, según DBK, han aumentado su facturación por abonado, ya que han subido las tarifas, pasando de 36 a 38 euros de media en 2022 a una media de 38 a 40 euros por abonado en 2023.

El motor de este “tirón” de los gimnasios son los jóvenes y en especial la llamada “generación Z” (los nacidos en torno al año 2.000, con una edad de 20 a 28 años), que ya suponen casi el 30% de los abonados totales (y creciendo). El fenómeno de ir al gimnasio se ha popularizado entre los más jóvenes en las redes sociales, como una forma de “ocio compartido”, como una actividad en grupo, algo similar a lo que antes fueron las boleras o los billares. De hecho, el reciente informe del CIS revela que el 52,6% de los que hacen deporte suelen luego compartir otras actividades sociales (comer, beber, divertirse...) con las personas que lo realizan. Así que los gimnasios se han convertido en una moda donde los jóvenes: cuidan su cuerpo y de paso se relacionan y socializan. Y también hay otro grupo de clientes que crece, los jubilados, que quieren mantenerse en forma y cuidar su salud.

Un dato que desconocen la mayoría de abonados a los gimnasios es que son empresas controladas en su mayoría por Fondos de inversión extranjeros y franquicias internacionales, que buscan el flujo de caja que generan cada mes y aprovechar el “boom” del hacer deporte. De hecho, 15 de las grandes cadenas de gimnasios que operan en España cuentan en su accionariado con Fondos de capital riesgo. Y otra característica del sector es la tendencia a la concentración, a que los grandes compren locales y gimnasios más pequeños. Así, las 5 mayores empresas del sector controlan el 26,4% del negocio total y las 10 grandes controlan ya el 42,1% del mercado, según el Observatorio sectorial DBK de Informa.

El ranking de los gimnasios en España lo lidera, por número de centros, la empresa Basic-Fit, propiedad de un empresario holandés, varios Fondos de inversión USA y Norges Bank, que tiene 186 centros y más de 400.000 socios, tras comprar a finales de 2023 (por 110 millones de euros) los 42 centros de McFit (propiedad del grupo alemán RSG Group) y los 5 gimnasios “premium” de Holmes Place. Así ha desplazado al 2º lugar del ranking por centros a Brooklyn Boxing, una cadena de boxeo sin contacto que cuenta con 175 centros en España y 60.000 abonados. La tercera marca es VivaGym, propiedad de Bridges Found Management (51%), con 104 centros y 302.000 socios. La 4ª mayor franquicia es AltaFit, propiedad del fondo español MCH, con 82 centros en España y 140.000 abonados. La 5ª es Forus, propiedad de JP Morgan (60%), Ben Oldman (8%) e Irmasol (2%), especializada en gestionar centros deportivos, 49 en España. Le sigue Supera, controlada por Portobello Capital (57,5%), con más de 30 centros y casi 100.000 abonados. En 7º lugar del ranking está la compañía francesa Fitness Park, que gestiona 25 gimnasios, con 91.000 socios. Le siguen Metropolitan, propiedad del dueño de los Hoteles Hesperia, con 20 centros y 82.000 socios, y GoFit, propiedad de Torreal (Abelló) y la Mutua, con 20 grandes centros y 230.000 socios.

El ranking por facturación de los gimnasios es diferente, porque depende del modelo de negocio de cada uno, que varía entre los gimnasios “low cost” (con bajas cuotas, entre 22 y 30 euros mensuales) y los gimnasios con mayores cuotas y más servicios. En 2023, según los datos de CMD Sport, lo encabeza Forus (líder en la gestión de instalaciones deportivas), con un facturación de 80 millones de euros, seguida de GoFit (líder en gimnasios “low cost”, con 77 millones), Metropolitan (líder del sector “premium”, con 70 millones facturados), Basic-Fit (59,6 millones), VivaGym (57,5 millones), Supera (49,1 millones), Fitness Park (42 millones, el que más creció en facturación en 2023), Brooklyn Boxing (40 millones), DreamFit (37,3 millones), Beone (34 millones), Serveo (33), Viding (31) y EuroFitness (28,4).

Para este año 2024, el sector de los gimnasios es optimista y esperan seguir creciendo, tras haber superado en 2022 y 2023 el bache de la pandemia. El 87% de las empresas espera seguir creciendo, en centros y abonados, según la consultora BDO, gracias a que aumente el número de usuarios y a que se gastan más, contratando servicios más caros. Y además, se espera en 2024 una mayor concentración del sector, con más operaciones de compraventa de cadenas, como la que protagonizaron en 2023 Basic-Fit y McFit. Además, es inminente el desembarco en España de más franquicias de “fitness”, no sólo europeas como hasta ahora: en 2024 podría instalarse en España la estadounidense Planet Fitness, la mayor cadena de gimnasios “low cost” del mundo, que quiere abrir 300 centros en Europa.

La consultora Deloitte augura un nuevo crecimiento del negocio de los gimnasios en 2024, aunque más moderado que en 2022 y 2023. Y cree que el “boom” se centrará en los gimnasios “low cost”, que son “la puerta de entrada” para los nuevos abonados, aunque también se consolidará la especialización de los centros, donde los usuarios elegirán según la oferta y el asesoramiento, estando dispuestos a pagar más. Eso sí, el sector debe resolver el problema actual de la excesiva rotación de los clientes: en 2023, entre el 60 y el 70% se dieron de baja tras unos meses de abono, cuando el porcentaje de rotación debía estar entre el 40 y el 45%. Por eso, todas las empresas buscan mejorar la fidelización del cliente, que no se canse y se vaya.

Otra cuestión que preocupa al sector de los gimnasios es la rebaja del IVA de los recibos, que es el 21% desde 2012, cuando el Gobierno Rajoy lo subió del 8 al 21%. El sector pide rebajarlo al 10%, petición que cuenta con el apoyo del PP.  Y también presionan a los gobiernos autonómicos para que permitan a los clientes deducirse en la declaración del IRPF parte del gasto del gimnasio, como una forma de contribuir a la salud y a reducir el gasto sanitario. De momento, esa deducción sólo existe en la Rioja y Comunidad Valenciana, aunque otras autonomías (como Madrid) estudian hacerlo en el futuro. Otra vía de crecimiento del negocio sería alcanzar acuerdos con grandes empresas, como en otros paises, para que ofrecieran a sus empleados bonos (gratis o bonificados) para ir al gimnasio, como parte de una política de mejora de la salud física y mental de los trabajadores.

En resumen, hacer deporte y acudir a un gimnasio se ha convertido en una prioridad de muchos españoles, sobre todo jóvenes, relanzando un negocio que despierta el apetito de los inversores internacionales. Puede parecer una moda, pero el deporte y el culto al cuerpo parecen una prioridad de gasto para muchos, al igual que el viajar. Y por eso crecen los gimnasios y las personas que van al gimnasio, la mayoría con amigos o compañeros, aprovechando el deporte para socializar y relacionarse. Sobre todo los jóvenes, que tienen tantos motivos de frustración y que es mejor que la descarguen en el gimnasio. Y además, todo el mundo sabe que el deporte ayuda a mejorar la salud y el ánimo. Otra cosa es que para practicarlo no se promuevan más centros deportivos públicos (municipales), con bajas tarifas y más servicios, y se deje en manos de los inversores privados, como un negocio más. Pero sea como sea, bienvenidos sean los gimnasios y su popularización.

Conciliación polémica y nueva Ley de Familia

Muchas empresas llevan meses agobiadas para atender las solicitudes de permisos y cambios de jornada, numerosas tras las nuevas medidas de conciliación implantadas el 30 de junio de 2023. Y en muchos casos, los desacuerdos han llegado a los Juzgados de lo Social, ahora más saturados (426.075 expedientes en trámite). Al final, conciliar trabajo y cuidados no es fácil y la situación se complicará en los próximos meses, cuando se apruebe en el Congreso la nueva Ley de Familia, que quiere ampliar el permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas y extender las ayudas por hijo. Pero no hay otro camino para frenar la caída de nacimientos: 322.075 en 2023, la mitad que a la muerte de Franco. Además, la Ley contempla ayudas para más familias, para luchar contra la pobreza infantil (28,9% de los menores), la 2ª mayor de Europa. Y el Gobierno estudia una ayuda universal por hijo, como existe en la mayoría de Europa. Urge apoyar la natalidad y la familia.

                         Enrique Ortega

Visto con perspectiva, se ha avanzado mucho para promover la maternidad de las mujeres trabajadoras en España. En 1900, sólo tenían derecho a un descanso laboral de 3 semanas. En 1929, la dictadura de Primo de Rivera estableció el seguro obligatorio de maternidad, con asistencia médica e indemnización obligatoria durante las 6 semanas posteriores al paro. En 1931, la República amplió la ayuda tras el nacimiento a 12 semanas. Durante la dictadura franquista, desde 1942, el seguro obligatorio de enfermedad establecía un subsidio de lactancia de 10 semanas. Y en 1965, se amplió la baja por maternidad. Con la democracia, en 1980, tener un hijo suponía 14 días de baja para la madre y 2 días para el padre. Hasta que en marzo de 1989, el gobierno de Felipe González estableció 16 semanas de baja remunerada para las madres (las 10 primeras obligatorias) y 4 días para los padres, que han tardado años en ampliarlas: en 2007 subieron a 2 semanas las bajas remuneradas por paternidad, a 4 semanas en 2017, a 5 en 2018 (permitiendo fraccionar el permiso), a 8 en abril de 2019, a 12 semanas en 2020 y a las actuales 16 semanas de baja remunerada por paternidad desde enero de 2021.

En todos estos años, el temor de los distintos Gobiernos era que los padres no se cogieran estas bajas por paternidad, con lo que no ayudarían a las mujeres a conciliar y a repartirse el cuidado de los hijos. Pero los datos indican que el permiso de paternidad remunerado “ha sido un éxito”, porque lo han cogido casi todos los padres, por un tiempo medio de 15,5 meses, según un reciente estudio de EsadeEcPool. Y además, el 75% de los hombres disfrutan de 12 de las 16 semanas a la vez que la madre y fraccionan el resto (como las mujeres, a partir de las primeras 10 semanas obligatorias), para alargar el tiempo de cuidado de los niños. El estudio explica que el éxito de este permiso parental se debe a 3 razones: es intransferible (antes de 2021, se podían transferir entre 2 y 4 semanas a la madre), las 6 primeras semanas tras el parto son obligatorias para el padre y, sobre todo, el padre cobra durante ese tiempo de baja paternal el 100% del salario y esos ingresos están exentos de IRPF.

Conseguido que los padres cojan mayoritariamente ese permiso de paternidad de 16 semanas, el Gobierno aprobó el 28 de marzo de 2023 una Ley de Familia, para mejorar las ayudas a nuevas familias y avanzar en la conciliación. Era una Ley exigida por la Comisión Europea, para trasponer (con mucho retraso) la Directiva Europea 2019/1158 sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores,  dentro de las reformas comprometidas para recibir los Fondos europeos. Pero se adelantaron las elecciones en España y decayó la Legislatura. Para aprobar los compromisos más urgentes con Bruselas, el Gobierno utilizó uno de sus últimos Consejos de la anterior Legislatura para aprobar, el 27 de junio de 2023, un Decreto Ley que incluía nuevos permisos para facilitar la conciliación laboral y medidas para facilitar la reducción de jornada, medidas que pasaron bastante desapercibidas y que entraron en vigor el 30 de junio de 2023.

Las nuevas medidas en vigor son de 3 tipos. Por un lado, se han aprobado 3 nuevos permisos: un permiso retribuido de hasta 5 días (antes era de 2 días)  para cuidar a un familiar por accidente o enfermedad grave , hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario), otro permiso retribuido (nuevo) por horas, de hasta de 4 días al año, para ausentarse del trabajo “por causas de fuerza mayor”, por motivos familiares “urgentes e imprevisibles”, y un tercer permiso no remunerado de hasta 8 semanas para cuidar a los hijos que podrá disfrutarse (de forma continua o discontinua) hasta que el hijo o acogido cumpla 8 años. La Directiva Europea establece que este tercer permiso (nuevo) debería estar remunerado, como los otros dos, pero el Decreto del Gobierno no lo contempló, aunque prometió a Bruselas que remuneraría la mitad del permiso en la siguiente Legislatura.

Junto a estos 3 nuevos permisos, para facilitar la conciliación laboral y familiar, el decreto de 2023 amplió el derecho a la reducción de jornada para el cuidado de hijos o personas a cargo con discapacidad que sean menores de 26 años y tengan cáncer u otra enfermedad grave y  facilitaba la reducción de jornada también a los trabajadores que se encargan del cuidado directo de un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad del cónyuge o pareja de hecho (incluido un familiar consanguíneo de la pareja de hecho).

El tercer cambio del decreto de 2023, y el más importante, es que se amplía el derecho a la adaptación de jornada de las personas que acrediten el cuidado de hijos, cónyuge o pareja de hecho, familiares con consanguinidad hasta el 2º grado del trabajador y otras personas dependientes. Y en estos casos, hay un cambio importante: ahora es la empresa la que tiene que justificar los motivos por los que no concede la adaptación de jornada (cambio de turno o de horario), cuando hasta ahora era el trabajador el que tenía que acreditar por qué solicitaba la adaptación de jornada, que podría ser rechazada sin más.

Estos cambios, en vigor desde el 30 de junio de 2023, tardaron meses en ser conocidos y solicitados por muchos trabajadores, pero a la vuelta del verano, muchos Departamentos de Recursos Humanos de las empresas se vieron inundados de solicitudes, desde nuevos permisos a reducciones y adaptaciones de jornada. Esto ha colapsado a los responsables de personal en los últimos 6 meses, que han tenido que ver cómo encajar el decreto con su organización del trabajo. Y en muchos casos, ante la falta de acuerdo, han aumentado los litigios de los trabajadores afectados ante los Juzgados. De hecho, los Juzgados de lo Social, que llevan años atascados, han visto aumentar los litigios y a finales de 2023 había 426.075 expedientes laborales en trámite, +16% que un año antes.

Los mayores conflictos se están dado por las peticiones de adecuación de jornada, aunque también por la reducción de jornada y la concesión de los nuevos permisos, por cuestiones como los 5 días del nuevo permiso (la Audiencia Nacional considera que son 5 días hábiles, no 5 días naturales), el cómo se acreditan “los motivos de fuerza mayor”, cómo “casan” los permisos por hospitalización y cuidados familiares. Y aún se esperan más problemas cuando el nuevo permiso de 8 semanas para cuidado de los hijos sea retribuido: la ministra de Seguridad Social ha prometido que las primeras 4 semanas serán retribuidas antes de agosto, con lo que España cumpliría así la Directiva europea de conciliación.

Mientras avanzan estos cambios, conflictivos para las empresas,  el Gobierno ha vuelto a aprobar la Ley de Familia, que decayó en la anterior Legislatura, para cumplir con Bruselas. El nuevo texto se aprobó el pasado 27 de febrero y es similar al anterior, para agilizar ahora su aprobación en el Congreso, por trámite de urgencia. La Ley de Familia pretende mejorar las ayudas a las familias, sobre todo a las familias numerosas (hay 800.000) y especialmente a las familias monoparentales (hay más de 2 millones, el 81% encabezadas por una mujer), también a las parejas de hecho (hay 1,8 millones), facilitando que estas familias “diversas” tengan mejor acceso a la educación, a las becas, a la vivienda y a las ayudas públicas. Y además, la Ley establece que en 1 año, el Gobierno central y las autonomías coordinen una estrategia de ayuda a los niños en sus primeros 3 años de vida, aprobando un Catálogo de Servicios y Prestaciones a las familias similar en toda España (ahora existe mucha desigualdad entre las ayudas familiares que conceden unas y otras autonomías).

El Gobierno Sánchez pretende que en el trámite parlamentario de la Ley de Familia se incluya la ampliación del permiso remunerado por nacimiento (maternidad y paternidad) de las actuales 16 semanas a 20 semanas. Además, defienden a medio plazo una prestación universal por crianza de los hijos (hasta los 16 o 18 años. Y apoyan su propuesta en que esa prestación universal por hijo existe ya en la mayoría de Europa: en Bélgica, Suecia, Polonia, Finlandia, Alemania y Austria, la ayuda por hijo es para todas las familias, mientras en Francia, Italia, Portugal, Hungría, Grecia y Reino Unido, esta ayuda universal varía según los ingresos y el número de hijos. Y la defienden muchos expertos, incluida la OCDE. De momento, el Gobierno pretende dar un paso previo y aprobar una enmienda a la Ley de Familia para ampliar hasta los 6 años la ayuda de 100 euros al mes que tienen ahora las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años. 

Así que en los próximos meses, entre elecciones y polémicas por la amnistía, nuestros políticos van a tener que debatir qué ayudas familiares se aprueban y cómo ayudamos a la natalidad. Y en este debate, convendría no olvidar que España gasta la mitad que Europa en la protección a la familia y a la infancia: un 1,5% del PIB (2021), frente al 2,4% de media en la UE-27. Así que deberíamos gastar 13.000 millones más cada año para equipararnos a Europa. De momento, las medidas contenidas en la Ley de Familia suponen 1.200 millones más de gasto, aunque si se amplían los premisos de 16 a 20 semanas, el coste sería mayor.

España debe ayudar más a las familias y a la natalidad por 2 motivos muy evidentes. El primero, porque aunque somos la 4ª mayor economía de Europa, somos el 2º país europeo con más pobreza infantil : 2.329.975 menores de 18 años, el 28,9% del total,  viven en familias que se consideran “pobres” (ingresan menos del 60% de la renta media, menos de 21.185 euros para una familia con dos hijos), según Save the Children,  el 2º mayor porcentaje de pobreza infantil de Europa, tras Rumanía (29% de niños y adolescentes son pobres). Pobreza infantil que se concentra en las familias monoparentales (con madres solas), inmigrantes, parejas jóvenes y zonas y empleos más vulnerables, sobre todo familias en alquiler.

El otro grave problema de España, que debería forzarnos a apoyar a las familias, es la bajísima natalidad: en 2023 han nacido 322.075 niños (muchos, de madres extranjeras), la menor cifra de nacimientos de nuestra historia reciente, muy lejos del máximo de 2008 (519.779) y la mitad de nacimientos que el año de la muerte de Franco (669.378 en 1975). Este desplome de los nacimientos se debe a que las mujeres españolas tienen menos hijos (1,16 hijos por mujer en 2022 frente a 2,77 en 1975), muchos menos que en Europa (1,5 de media y 1,8 en Francia) y otros paises. Y este desplome de la natalidad nos va a causar problemas de falta de mano de obra y menores ingresos para pagar servicios públicos y pensiones, siendo uno de nuestros mayores retos de este siglo XXI.

Por todo ello, urge volcarse en la familia y en la natalidad, apoyar por todos los medios que las mujeres tengan más hijos, con ayuda de sus maridos, familias, el Estado y las empresas, que tienen que reconvertir a fondo su organización del trabajo para hacer compatible la vida profesional y familiar, para no perder a las mujeres que quieran ser madres. El camino no es fácil, supondrá problemas en las empresas y litigios en los Juzgados, pero hay que avanzar y no retroceder: sin más niños no hay futuro. Y el aumento de la natalidad se consigue facilitando el trabajo, la conciliación y la educación a las familias. Cueste lo que cueste.  

España crece, pero la inversión no tira

España crece cinco veces más que la zona euro, gracias al tirón del turismo, el consumo y las exportaciones. Pero el 4º motor de la economía, la inversión, falla: apenas crece y es menor que en 2019, antes de la pandemia. Un problema preocupante, porque la inversión es el mejor cimiento del crecimiento y empleo futuros. La inversión pública ha mejorado tras la pandemia, pero no despega la inversión privada (el 90% de toda la inversión), porque las empresas han destinado sus mayores beneficios a “desendeudarse” (devolver créditos), no a invertir. Y por la fuerte subida de tipos. Lo positivo es que gana peso la inversión en maquinaria y tecnología y lo pierde la inversión inmobiliaria. Bruselas ha pedido a España que las empresas inviertan más en innovación y tecnología, porque gastan la mitad que las europeas. Hay que agilizar la ejecución de los Fondos europeos, promover la inversión por todos los medios (incluidos fiscales) y rebajar la crispación política, porque no ayuda a invertir.

                     Enrique Ortega

España se recuperó de la pandemia ya en 2022 y en 2023 creció un 2,5% (cinco veces más del 0,5% que creció la zona euro), empujada por un turismo récord, un consumo que aguanta (por la menor inflación y la creación de 783.000 empleos el último año) y unas exportaciones casi récord (+31,9% sobre 2019). Pero el 4º motor del crecimiento, la inversión, apenas crece y es el único indicador importante que sigue por debajo de 2019 (232.034 millones de inversión bruta, un -1,6% menos que antes de la pandemia), mientras en el resto de Europa (salvo en Alemania) y en EE. UU. ya crece más que en 2019. De hecho, la inversión en España ha crecido un 2,7% de media entre 2021 y 2023 mientras la economía (el PIB) ha crecido un 4%. Así que la inversión no está ayudando al crecimiento. Y eso es preocupante, porque la inversión es clave para modernizar el tejido productivo, este capital es el cimiento básico para asegurar el crecimiento y el empleo en el futuro.

¿Qué está pasando con la inversión? Hay dos causas que la han retraído, en España y en todo el mundo. Una, la debacle económica de la pandemia, que hundió las ventas y la economía y que tardó en recuperarse, en 2020 y 2021, por los “embudos” en las cadenas de suministro internacionales. Y este factor ha afectado más a la inversión en España, porque muchas de las inversiones dependen más de las cadenas internacionales (automoción, textil, energía, química y farmacia). La otra causa ha sido la drástica subida de los tipos de interés (del 0 al 4,5% entre 2021 y 2023), que ha retraído la inversión, más en España porque aquí las empresas dependen más del crédito bancario. Y otro factor autóctono es que las empresas españolas han aprovechado sus altos beneficios de los últimos años no para invertir sino para devolver créditos, con lo que ahora están menos endeudadas que las europeas: así, entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, las empresas españolas han reducido su deuda en 38.924 millones, según el Banco de España,  dejándola en el menor porcentaje de los últimos 10 años (939.924 millones, el 64,2% del PIB frente al 80% en 2021).

Además, no ha ayudado a recuperar la inversión la incertidumbre geopolítica internacional, con la guerra de Ucrania primero y el conflicto en Palestina ahora. Y en España, los cambios electorales y la tremenda crispación política. Ahora, debería ayudar al despegue de la inversión la esperada bajada de tipos (en junio), aunque será lenta y larga, la moderación salarial (los españoles cobran 18 euros por hora de trabajo, 6 euros menos que la media europea y 13 euros menos que en Alemania, según Eurostat) y el mantenimiento del consumo y el empleo, que permiten a las empresas mantener beneficios, con los que podrían invertir más.

Pero al margen de la coyuntura, la inversión lleva siendo un problema en España desde hace década y media. Entre 1995 y 2007, España vivió un “boom inversor”, apoyado en el ladrillo y las inversiones inmobiliarias, lo que duplicó la inversión bruta (de 141.493 millones en 1995 a 288.335 millones en 2007). Pero llegó la crisis financiera y estalló la burbuja inmobiliaria, desplomando la inversión (hasta un mínimo de 177.852 millones de euros en 2013, una caída del -38,3% sobre 2007). A partir de ahí, la inversión empezó a remontar, hasta los 235.829 millones en 2019. Luego llegó la pandemia y volvió a caer, en 2020 y 2021, recuperándose en 2022 y 2023 (232.034 millones), pero quedando todavía por debajo de la inversión anterior a la pandemia. Y en 2023, cuando la economía ha crecido un 2,5%, la inversión ha crecido sólo la tercera parte (0,8%), según el INE.

Las cifras totales de inversión no revelan tanto el problema como su menor peso en la economía: lo que ha pasado es que la economía ha crecido (desde 2014) más que la inversión. Y así, si la inversión llegó a suponer el 30% de la economía (del PIB) en 2006, el mejor año, redujo ese peso año tras año, hasta suponer el 20% en 2019 e incluso bajar ese porcentaje al 19,34% del PIB en 2023. Un peso de la inversión, antes y ahora, que es menor al que tiene la inversión en el resto de Europa, donde supone un 22% de media (del PIB). Y en la mayoría de los paises, salvo Alemania, la inversión pesa más ahora que en 2019.

Este menor peso de la inversión en España, año tras año desde 2006, es especialmente preocupante porque la inversión es la clave para modernizar la economía y destinar recursos a las nuevas tecnologías y a la innovación. Pero junto a este menor peso de la inversión, hay otro dato positivo del balance de la última década y media, según este reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie: ha perdido peso la inversión inmobiliaria y lo ha ganado la inversión en maquinaria, servicios privados y públicos. A lo claro: menos ladrillo y más tecnología.

El gran cambio es que la inversión inmobiliaria ha pasado de representar el 41% de la inversión total en 2007 a representar el 29% de toda la inversión en 2021-23, según el estudio. Y en contrapartida, ha crecido el peso de la inversión no residencial, del 59 al 71%. Esto se ve más claro en los últimos tres años (2021-2023): ha crecido la inversión en servicios privados (+4,8%), tanto los tradicionales (+5,5%) como los servicios de intensidad digital (+4,3%), en industrias manufactureras (+3,7%) y la inversión en servicios públicos (+2,1%), mientras cayó la inversión residencial, en construcción (-3,7%), en energía (-1,5%) y en agricultura, ganadería y pesca (-5,2%).

Eso se ha traducido en mayores inversiones estos últimos 3 años en maquinaria (26,95% del total), equipos de transporte (10%), tecnología de la información (TIC, el 10% de la inversión) y activos inmateriales (servicios, el 12,8%), mientras la construcción no residencial (infraestructuras, naves, locales) se lleva ahora el 33,4% restante de la inversión total, la mitad que hace 16 años. En definitiva, todavía se invierte poco, menos que la mayoría de Europa, pero se invierte más que antes en destinos más productivos que el ladrillo.

Con todo, la vieja burbuja del ladrillo es todavía un gran lastre para España y para el futuro de la inversión. Y eso, porque los activos inmobiliarios suponen un 88% del stock de capital que tenemos, del capital acumulado (4,2 billones de euros en 2023), un stock que hay que mantener cada año para cubrir su depreciación. De hecho, el 75% de la inversión que se hace cada año es para “mantener” ese stock de capital, donde pesa demasiado el ladrillo (naves, locales, terrenos, inmuebles), mucho más que en el resto de Europa (en Alemania, los activos inmobiliarios suponen el 82% del stock de capital y en Reino Unido el 80%).

Por eso, por tener que dedicar un 75% de la inversión a cubrir la depreciación del capital, el capital neto sólo supone un 25% de lo que se invierte cada año y es lo que podemos dedicar a modernizar la economía. Esta inversión neta ha caído también desde 2007 (era de 146.498 millones), a la mitad en 2009 (75.704 millones) y a menos de la 6ª parte en 2013 (21.558 millones), recuperándose después hasta 2019 (62.538 millones) y cayendo con la pandemia, para no haberse todavía recuperado en 2023 (51.760 millones). La inversión pública se ha recuperado en parte por las ayudas frente a la COVID y la inflación (aunque sigue un 55% por debajo de 2009), pero la inversión privada (que supone el 90% de la inversión total) se ha recuperado más lentamente desde 2021.

Ahora, la prioridad debe ser recuperar la inversión (sobre todo la privada), que puede generar más crecimiento y empleo, dado que se dirige a sectores y destinos más productivos que el ladrillo. La propia Comisión Europea acaba de pedir a España que refuerce la inversión empresarial, sobre todo en innovación y tecnología, donde las empresas españolas invierten la mitad que las europeas (el 0,8% del PIB frente al 1,5% de media en la UE-27 y el 2,5% que invierten en I+D+i las empresas de Bélgica o Suecia). Además, la mayoría de expertos reiteran la importancia de recuperar la inversión, porque es la clave para aumentar la productividad de España, más baja que la de la mayoría de Europa: nuestra producción por habitante (PIB per cápita descontando la inflación) es el 89% de la media UE-27, porque trabajamos menos gente (2 millones menos de los que deberían) y porque trabajan con menos eficacia, entre otras causas porque invertimos menos en modernizar la economía.

El resultado es que España, la 4ª mayor economía de la UE (tras Alemania, Francia e Italia) ocupa el puesto 16º en producción por habitante (y en renta o nivel de vida), tras Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Dinamarca, Austria, Bélgica, Suecia, Alemania, Finlandia, Malta, Francia (estos 11 paises tienen un PIB por habitante superior a la media UE), Italia (97%), Chipre (95%), Eslovenia y Chequia (91%), según el ranking recientemente publicado por Eurostat. Y ojo, España lleva más de una década produciendo por debajo de la media europea: tenemos una “brecha” con Europa desde 2010 (96% del PIB por habitante de la UE-27 ese año, mejor del 89% que tenemos ahora, en 2023).

Si queremos recortar esta “brecha” económica con Europa, ser más productivos, los expertos insisten en que hay que reconvertir la economía, fomentar la innovación y la tecnología, apostar por la industria, mejorar la formación de los trabajadores y de los gestores, aumentar el tamaño de las empresas, fomentar la exportación, conseguir una economía más verde y digital. Y todo esto exige aumentar la inversión, tanto la pública (en servicios públicos e infraestructuras) como sobre todo la inversión privada. Y para ello, urge promover nuevos proyectos, con el apoyo de los Fondos europeos, reduciendo burocracia y agilizando las inversiones, que deben fomentarse con ayudas e incentivos fiscales. Y también es clave reducir la crispación política y clarificar el futuro de esta Legislatura, porque la incertidumbre no ayuda. Todo para relanzar la inversión, la clave para asegurar el crecimiento y el empleo del futuro.

Más jóvenes adictos al juego online

Más de medio millón de jóvenes de 18 a 25 años (1 de cada 7) apuestan en juegos online, un 41% más que antes de la pandemia, según los últimos datos oficiales. Y de ellos, un 12,5% tienen problemas de “adicción”. Si ampliamos el foco, 2 de cada 3 jugadores online tienen menos de 35 años y son el motor de un negocio que movió 32.000 millones de euros en 2023:  3,6 millones jugados cada hora. Y por si no fuera preocupante, el 40% de los chavales de 15 a 17 años juegan online, aunque lo tengan prohibido. Estamos ante un grave problema de juego entre jóvenes y adolescentes, una “droga digital” que está disparando adicciones y problemas mentales. Y sin medios en la sanidad pública para tratarlos. Como se hizo con el alcohol y tabaco, hay que frenar esta pandemia del juego online (y el auge de salones y salas de apuestas), con medidas legales, campañas y medios sanitarios contra la adicción. Actúen ya.  

                        Enrique Ortega

Tras una década legalizado (desde junio de 2012), el juego online se ha disparado en España. El año 2023 se cerró con un récord histórico de cantidades jugadas: 31.905 millones de euros, según el último balance de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), 3,6 millones jugados cada hora. Un volumen de dinero que multiplica por 5,6 lo jugado en el primer año completo de juego online legalizado, los 5.673 millones jugados online en 2013. Y que casi duplica lo jugado antes de la pandemia (19.026 millones en 2019).

El sector del juego online, que mueve el 10% de todo lo que se juega en España (Lotería, casinos, bingos, salones, máquinas…) facturó en 2023 otra cifra récord, 1.236 millones de euros de facturación neta (lo jugado menos los premios), 5,4 veces más de su facturación neta en 2013 (229 millones). Se trata de un gran negocio para ellos, porque el 80,14% de los jugadores online pierden (un 8% más que en 2016), un 0,93% se quedan igual y sólo el 18,9% de los jugadores ganan, según la DGOJ. El sector del juego online está integrado por 78 operadores con licencia (ver listado), un mercado controlado por las multinacionales (británicas y de la UE) y pocas empresas españolas, radicadas muchas en paraísos fiscales.

El juego online ha disparado las cifras jugadas y su facturación de la mano de un salto en los jugadores: en 2023 había 3 millones de cuentas abiertas para jugar online en las distintas plataformas, con 1.637.819 jugadores activos, un 20% más que antes de la pandemia (1.366.422 en 2019). La mitad de estos jugadores juega a un solo juego, pero la otra mitad comparte juegos y apuesta en varias plataformas. El gasto medio de estos jugadores activos es de 736 euros (61,32 euros al mes), que se juegan sobre todo en casinos online (19.591 millones, el 61,4% del total jugado, sobre todo en máquinas online, ruleta y black jack) y en apuestas (9.486 millones jugados, el 29,73% del total, sobre todo en apuestas deportivas en directo, en apuestas convencionales, hípicas y cruzadas), además del póquer (2.730 millones), bingo online (96,40 millones) y concursos (737.000 euros).

La “gasolina” de todo este negocio del juego online son los gastos en promoción y marketing de las distintas plataformas. En 2023, el sector gastó en marketing y promoción 402,7 millones de euros, un +7,5% sobre 2023 (374,5 millones) y casi cuatro veces el gasto de promoción de 2013 (111,5 millones). Desde que en 2021, el Gobierno restringió la publicidad del juego online, las empresas han reajustado su estrategia: ahora gastan menos en publicidad directa (147,94 millones en 2023 frente al máximo de 201,73 millones en 2020) y en patrocinio (4,3 millones frente a 26,2) pero gastan más en bonos para atraer a los nuevos jugadores (199,89 millones en 2023) y en bonificaciones a los “afiliados” (50,02 millones), los “ganchos” que utilizan para que los nuevos jugadores “prueben” a jugar sin dinero.

Esta política de bonos y afiliación, más la facilidad que supone jugar online (las 24 horas del día desde cualquier dispositivo, sin testigos) explican el gran salto en jugadores y en cantidades jugadas, sobre todo tras la pandemia (con el confinamiento, muchas más personas se “engancharon al juego online”). Pero lo más preocupante es que el juego online crece sobre todo entre los jóvenes. De hecho, en 2023, 2 de cada 3 jugadores online (el 65,5%) tenían menos de 35 años: 1.072.732 jugadores de los 1.637.831 españoles que jugaron en 2023, según el reciente Informe de la Dirección General del Juego (DGOJ). Eso significa que hay 172.000 jóvenes más que juegan online ahora que en 2019, un 20% más que antes de la pandemia. Pero lo más llamativo es que quienes más se han “enganchado al juego online son los más jóvenes: 534.335 jóvenes de 18 a 25 años (1 de cada 7 jóvenes con esa edad)  jugaron online en 2023, un +41% que en 2019 (378.798 jugadores de 18 a 25 años), según la DGOJ. Así que el juego online “engancha” a los jóvenes, pero sobre todo a los menores de 25 años, los más vulnerables, que gastan lo poco que tienen (o lo que quitan a su familia).

Ya en 2021, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) alertó de que “el juego online se ha convertido en la principal causa de ludopatía entre los menores de 26 años”, aportando el testimonio de médicos y profesionales, que llevan años advirtiendo del aumento de la ludopatía entre los menores y de que cada vez hay chavales más jóvenes enganchados al juego : algunos hablan ya de “la heroína online”.  En octubre de 2023, un informe de prevalencia elaborado por la Dirección General del Juego (DGOJ) ponía cifras al grave problema de la ludopatía en los jóvenes que juegan online: el 12,5% tienen algún problema de adicción. Eso suponía 176.837 jóvenes de 18 a 25 años con problemas por el juego online. Un porcentaje que sube entre los que juegan a la ruleta online (23,3% jugadores tienen problemas), o al póquer online (20% con problemas).

Pero el problema del juego de los jóvenes no es sólo el juego online, porque también hay jóvenes “enganchados” al juego en los salones, los locales de apuestas deportivas y las máquinas de juego de los bares, según las estadísticas de CEJUEGO.

Empezando por los salones de juego, que proliferan en los barrios populares de las grandes ciudades, hay 3.483 salones, sobre todo en Andalucía (950), Baleares (146), Aragón (120) y Asturias (116). Los visitaron 2,8 millones de españoles en 2022, que se gastaron 810 millones netos (jugado menos premios). Dos de cada tres clientes fueron hombres y los más asiduos fueron los jóvenes: el 38,8% tenían entre 18 y 24 años y otro 28% tenían entre 25 y 34 años, que jugaron sobre todo en ruletas, máquinas y apuestas deportivas. Y además, hay 892 salas de apuestas, que visitaron 1,5 millones de españoles en 2022,  el 81,6% de ellos jóvenes (menores de 35 años), con un gasto total (jugado menos premios) de 359 millones de euros. Y quedan las 150.000 máquinas de juego instaladas en bares, donde casi 2 millones de españoles se gastaron 2.271 millones netos (jugado menos premios). Y aunque la mayoría de estos jugadores tienen más de 35 años, un 48,5% son jóvenes.

Hasta aquí el alcance del juego online y presencial de los jóvenes. Pero queda el juego de los adolescentes, de los menores de 18 años, que juegan aunque lo tienen prohibido, gracias a que falsifican su edad o utilizan una tarjeta ajena al jugar online: se ha detectado que más del 40% de los chavales entre 15 y 17 años juegan online, aunque la Ley lo prohíbe. Y además, 1 de cada 3 adolescentes que juegan entre 1 y 3 veces al mes tienen ya problemas de adicción (un 0,7% de adolescentes tienen trastornos que hay que tratar), que se agravan cuando cumplen 18 años y pueden jugar ya legalmente. Los expertos creen que lo más peligroso para los adolescentes son las tragaperras online, donde se ha detectado que el 93% de los adolescentes que juegan están “enganchados”.

La vía de entrada más fácil y peligrosa para el juego online de los adolescentes son los videojuegos, donde se ha detectado que el 24% de los jugadores jóvenes (de 15 a 17 años) utilizan las “cajas botín” ("loot boxes") para obtener recompensas en el juego a cambio de dinero. En 2021, 3 de cada 10 jóvenes gastaron dinero dentro de los videojuegos para mejorar su posición, personaje, accesorios o imagen, al margen de la compra inicial. Es una entrada al juego de los adolescentes por la puerta de atrás de los videojuegos, lo que preocupa a los expertos. Por eso, el Gobierno Sánchez aprobó en julio de 2022 un anteproyecto de Ley para regular las “cajas botín” en los videojuegos, aunque finalmente no se aprobó en el Consejo de Ministros, por el fin de la anterior Legislatura.  Entre tanto, en enero de 2023, el Parlamento europeo aprobó una resolución que insta a Bruselas a legislar sobre las “cajas botín” en Europa, después de que EE. UU. haya sancionado a Fortnite por “usar patrones oscuros para fomentar compras no deseadas, sobre todo en menores y adolescentes”.

El anterior ministro de Consumo, Alberto Garzón, prometió en 2023 que el futuro Gobierno (tras las elecciones del 23-J) aprobaría la Ley sobre las “cajas botín” en los videojuegos, pero no se ha hecho, aunque el ministro ahora responsable del juego, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, ha prometido que se aprobará en 2024. Otra medida en estudio es obligar a las operadoras a establecer mayores controles para impedir el acceso de los menores a la lotería online, muy generalizada. Y el Gobierno se plantea aprobar una tercera medida, introducir un nuevo sistema para fijar límites a lo que puede gastar un jugador: ahora hay un límite por defecto por jugador (600 euros semanales y 1.500 euros mensuales), pero funciona por cada plataforma, con lo que el jugador puede “eludirlo” cambiando de plataforma, poniendo así su “nuevo marcador a cero”. En cualquier caso, es un límite meramente indicativo, porque el jugador es libre de ampliar el límite y gastar lo que quiera en jugar online. Pero el Gobierno cree que si se cambia el límite por jugador y no por plataforma (como se hace en Alemania), será una medida disuasoria para frenar el gasto en el juego online.

Estas medidas pueden ayudar, pero no dejan de ser “parches” ante un juego online que avanza imparable, sobre todo entre los jóvenes, dejando una secuela de adolescentes y jóvenes con problemas serios de juego, como denuncian las ONGs y los médicos, preocupados porque el juego patológico se ha convertido en la 3ª enfermedad mental que más suicidios provoca, tras el trastorno bipolar y la depresión. Y con el problema añadido de que la sanidad pública carece de medios para tratar la ludopatía, desde los médicos de familia a los especialistas y hospitales, con sólo 3 Unidades especializadas en grandes hospitales para tratar las adicciones del juego en toda España.

Los expertos y las ONGs que atienden a ludópatas (cada vez más jóvenes) insisten en que hay que tomar medidas más eficaces para frenar esta pandemia del juego, sobre todo online. Por un lado, habría que lanzar Campañas de concienciación sobre el juego (como se hace con el tráfico, el tabaco, el alcohol o las drogas), incluyéndolo en la formación de Colegios, Institutos y Universidades. Y por otro, habría que reforzar la sanidad pública, con especialistas y unidades especializadas conta la ludopatía, aumentando también las ayudas a las ONGs que atienden a los ludópatas. Todo ello podría financiarse con una parte de los ingresos fiscales del juego: 1.180 millones ingresados en 2022 (sólo 109 millones del juego online), que reciben básicamente las autonomías (1.035 millones).

Además, habría que tomar medidas para obligar a las plataformas a detectar y controlar mejor el juego excesivo, desde la entrada de menores a las apuestas descontroladas. La tecnología ofrece múltiples herramientas para hacerlo, para conseguir “jugar con cabeza”, aunque eso reduzca el negocio de las multinacionales del juego. Pero no podemos dejar que el juego online se multiplique sin control y destruya a parte de nuestros jóvenes, ya bastante afectados en su vida cotidiana por la precariedad y la dificultad de emanciparse. El juego en sí no es malo, para puede ser una peligrosa evasión para muchos. Actúen ya.

Récord histórico de bajas laborales

El dato es impactante: más de un millón de españoles (1,1) no van cada día a su trabajo por enfermedad (ILT), según los datos oficiales de bajas laborales, que en 2023 alcanzaron un récord histórico. De cada 1.000 trabajadores, más de 400 cogieron una baja laboral el año pasado, lo que duplica el absentismo de 2012. Y coloca a España como el 2º país europeo con más ocupados que se ausentan del trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal (ILT), por detrás de Francia e igualados con Portugal. Pero aunque se pierden 396 millones de horas de trabajo, la mitad de estas bajas son por menos de 3 días y no las pagan las empresas ni la Seguridad Social. Mientras la patronal habla de grave aumento del absentismo, sindicatos y expertos lo achacan a las listas de espera en la sanidad y a la poca agilidad en los expedientes de ILT. Ahora, el Gobierno prepara una norma para que muchas bajas las controlen y agilicen las Mutuas laborales.

                    Enrique Ortega

Las bajas laborales vienen creciendo en España desde 2014, cuando se empezó a superar la crisis financiera de 2008. En 2012, en lo peor de la crisis, la tasa de absentismo (porcentaje de ocupados que se ausentan del trabajo por incapacidad laboral temporal, por ILT) había bajado al 2%, desde el 2,8% de 2007. Y a partir de 2014 sube, hasta una tasa del 2,7% en 2019. La pandemia de 2020 y 2021 trastoca las cifras (de un 4,3% de absentismo en junio de 2020 al 4,9% en marzo de 2021) y las mantiene en un 4,1% de absentismo en 2022 y 2023, según los datos oficiales, un máximo histórico. Y este alto nivel de absentismo casi duplica el de Europa (2,5% de ocupados se ausentaron de su trabajo por enfermedad), según Eurostat (2022), siendo España el 2º país europeo con más absentismo, tras Francia (4,6%) e igualado a Portugal (4,1%), lejos del absentismo de Italia (1,3%), Paises Bajos (1,6%), Alemania (2,4%), Austria, Finlandia o Suecia (2,9%) y Bélgica (3,6%).

El absentismo laboral en España presenta 3 rasgos preocupantes sobre el resto de Europa, según un reciente estudio del Instituto valenciano Ivie y la Mutua Umivale Activa : la intensidad del fenómeno y el gasto asociado, su rápido crecimiento en los últimos 16 años y que se produce en todas las autonomías, aunque más en el norte que en el sur. En cuanto a la intensidad, España es el 4º país europeo que más gasta en prestaciones por incapacidad laboral temporal (ILT) con relación al PIB, un 1,4% en 2022, unos 18.850 millones de euros), sólo por detrás de Paises Bajos y Alemania (gastan el 2% del PIB) y Suecia (1,5%), muy por encima de la media UE-27 (el gasto en ILT supone el 1,2% del PIB), del coste en Francia (0,8%), Portugal (0,6%) o Italia (0,5%).

Por autonomías, todas tienen en 2023 tasas de absentismo superiores a las de 2007 y a las de la mayoría de paises europeos, destacando el alto absentismo en el norte de España, sobre todo en el País Vasco (5,8% de la población ocupada, frente al 4,1% de España y el 2,5% de Europa), Galicia (5,5%), Asturias y Cantabria (5.1% cada una), seguidas de Canarias (4,9%), Murcia (4,7%), Castilla y León (4,5%), Navarra (4,3%), Extremadura (4,2%) y Melilla (4,1%). El resto de autonomías tienen un absentismo inferior a la media, tanto Ceuta Y Comunidad Valenciana (4&), la Rioja y Cataluña (3,9%), Castilla la Mancha (3,7%), Aragón (3,4%), Baleares (3,3%) y Madrid (3,2%), la región con menos absentismo de España.

Hay dos formas de medir el absentismo, la ausencia al trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal (ILT). Una es la baja por contingencias comunes, una baja que se solicita por enfermedad común (una gripe) o accidente fuera del trabajo (una rotura de un brazo). Esta baja surte efecto al 4º día de solicitarse y el trabajador cobra el 60% de la base reguladora del día 4 al 21º (la empresa paga del 4ºal 20º) y un 75% después (cuando la paga la Seguridad Social. Estas bajas son la mayoría (el 91% del total) y las gestionan la Seguridad Social y las Mutuas. La otra baja es por contingencias profesionales, causadas por el desempeño de la actividad profesional, por una enfermedad profesional o accidente de trabajo. Estas bajas surten efecto desde el primer día y el trabajador cobra el 75% de la base reguladora desde el día siguiente. Estas bajas supusieron el 9% del total en 2023 y son mayoritariamente gestionadas por las Mutuas.

El ”problema” del actual absentismo laboral se da ahora en el primer grupo de bajas, las bajas por contingencias comunes, que supusieron 414 bajas por cada 1.000 ocupados en las gestionadas por la Seguridad Social (409 en el caso de las Mutuas), cuando en 2008 eran 350 (y 340 en el caso de las Mutuas). En Cataluña, esas bajas llegan a 669 por cada 1.000 ocupados (SS), en Navarra a 657, en Baleares 473, en el País Vasco 459 y en Madrid 399, mientras sólo son 237 en Extremadura, 334 en Asturias y 340 en Galicia, según los datos de la Seguridad Social en 2023, aportados por Ivie. Sin embargo, las bajas por contingencias profesionales sólo fueron de 41,6 por 1000 ocupados (Mutuas) o 55,6 por cada 1000 (bajas gestionadas por la SS, unas bajas que apenas han crecido desde 2008.

Al final, se suman los dos tipos de bajas y aparece el dato de 450,6 bajas laborales (ILT) por cada 1.000 ocupados (en las gestionadas por las Mutuas) o 473,6 bajas totales en el caso de las gestionadas por la Seguridad Social. Eso significa una media de 20 días de ausencia por trabajador al año, sólo por enfermedad (no por otras causas personales). Y eso se traduce, según los expertos, en que 1,1 millones de trabajadores no fueron ningún día a trabajar en 2023 por incapacidad temporal (ILT) . Y también significa que en España se perdieron más de 396 millones de jornadas laborales por ILT en 2023, un 62% más de las horas perdidas por enfermedad o accidente en 2018.

La duración media de las bajas por contingencias comunes (el 91% de todas las bajas) osciló en 2023 entre los 38,2 días (en las gestionadas por la SS) y los 31,9 días (Mutuas), o sea, más de un mes, aunque lo positivo es que esta duración ha bajado (de 41 días de media en 2018-19 a 34,4 días en 2023), según la Seguridad Social, siendo las bajas que gestionan las Mutuas las que más han reducido la duración (un -20%).

Al final, el coste de estas bajas para las empresas y la Seguridad Social es menor de lo que podría pensarse porque más de la mitad de las bajas no se pagan, por su corta duración, según los datos de la Seguridad Social. Así, en todo 2023 se iniciaron 6.334.995 procesos de bajas laborales (ILT), de los que sólo 2.351.221 procesos fueron indemnizados (por las empresas o la SS), un 37,11%). Y al final del año, habían finalizado 6.253.629 procesos de los iniciados, de los que 2.591.506 fueron indemnizados, sólo el 41,44% de los expedientes de ILT finalizados, con un coste total de 10.108 millones de euros, según la última estadística de la Seguridad Social. Eso quiere decir que la mayoría de bajas  (58,56%) no se pagaron al trabajador, básicamente porque fueron inferiores a 3 días o porque no se justificaron adecuadamente. El problema está en esos 81.366 expedientes de baja abiertos en 2023 y no finalizados: son las bajas más complejas, de mayor duración (180 días los procesos en vigor) y los más costosos.

¿Por qué se ha disparado el absentismo laboral en España? Para muchos expertos, la pandemia supuso una situación disruptiva que agravó los problemas sanitarios, laborales y sociales que ya habían elevado el absentismo. Y sobre todo, el subsiguiente deterioro de la sanidad pública, que ha aumentado las listas de espera para el médico de familia, las pruebas y las consultas de los especialistas, lo que complica que muchos trabajadores con problemas de salud o roturas puedan volver a trabajar. Y además, la falta de personal en la Seguridad Social ha retrasado la resolución de muchos expedientes, a pesar de la ayuda inestimable de las Mutuas (que han de pasar por un médico de familia para dar las altas).

También hay otros factores que explican el aumento del absentismo, en España y en todo Occidente : el aumento de la población ocupada (hay 4,2 millones de trabajadores más en España que en 2014), la menor tasa de paro (11,76% frente al 26,94% en 2013), con lo que hay “menos miedo a perder el empleo y, sobre todo, una “distinta actitud ante el trabajo” de los jóvenes: muchos tienen contratos precarios y mal pagados y tienen menos interés por su trabajo, mientras han aumentado los problemas de ansiedad y salud mental. Y no ayuda a bajar el absentismo la falta de conciliación familiar y los disparatados horarios laborales.

Al final, el elevado absentismo laboral daña la productividad del país y de las empresas, pero también a los trabajadores, que cobran mucho menos mientras están de baja o no cobran nada. Por eso, el absentismo preocupa no sólo a los empresarios (que llevan años quejándose del aumento) sino también a los sindicatos, lo que se ha traducido en que ambas partes hayan dedicado un capítulo (el VII) a abordar el absentismo en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el 10 de mayo de 2023. En ese documento, tanto la patronal como los sindicatos exhortan al estudio de las causas, incidencia y duración de las bajas laborales y están de acuerdo en pedir una mayor colaboración de las Mutuas de Trabajo para agilizar los expedientes, en coordinación con el personal sanitario del SNS. Y además, piden más medios para reducir las listas de espera de la sanidad pública y medidas para proteger la salud de los trabajadores y reducir los procesos de bajas.

En linea con estas propuestas de las fuerzas sociales, el Gobierno anunció en febrero que aprobará próximamente una medida para agilizar y reducir las bajas laborales: que las Mutuas laborales (que son parte del sistema público de SS) controlen las bajas laborales (ILT) de origen traumatológico, que concentran 8 de cada 10 bajas por contingencias comunes. Eso supondrá que los médicos de familia derivarán estas bajas a las Mutuas, que gestionarán el proceso de recuperación y rehabilitación, proponiendo después el alta a los médicos del SNS, los únicos que podrán darlas. No se trata de “privatizar” el proceso, que estará siempre supervisado por entidades públicas y sujeto al consentimiento del trabajador, pero sí de aligerar de la mayor parte de esta tarea a los médicos de los centros de salud, que hoy están superados con el seguimiento de las bajas.

En paralelo, otra medida que estudia el Gobierno (la Seguridad Social) es reformar los criterios para autorizar jubilaciones anticipadas a trabajadores que lleven meses o años con bajas persistentes, que en realidad justifican flexibilizar los procedimientos para que puedan optar a una jubilación anticipada con coeficientes reductores.

En resumen, tenemos un problema de demasiadas bajas laborales que tardan en resolverse, en perjuicio de los propios afectados, sus empresas y la Seguridad Social. No se trata de acusar a los trabajadores de “escaquearse” y pedir una baja injustificada para no trabajar (como hacen algunos líderes patronales) sino de analizar con datos y rigor qué está pasando, por qué se han disparado las bajas y qué se puede hacer para reducirlas y evitar su abultado coste, que perjudica al trabajador, a la empresa y a toda la economía. Hay que huir de soluciones “fáciles”, “populistas o demagógicas” y pactar fórmulas para agilizar los tratamientos y los expedientes. Y, en paralelo, avanzar en prevención y salud laboral, fortaleciendo una sanidad pública que no se recupera. Pero, sobre todo, hay que mejorar el trabajo en las empresas: menos “ordeno y mando” y más integración, mejor ambiente laboral, para que ir a trabajar no sea un tormento. Así también habrá menos absentismo.